De aquí y de allá

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos vuelve a cuestionar al Gobierno y la gestión de Nicolás Maduro y sigue exigiendo que cesen las irregularidades que ha venido denunciando.

Con un equipo en el terreno insistió en el tema de los presos políticos y exigió que sin condiciones se liberen a quienes han sido privados de su libertad por tratar de ejercer sus derechos.

No se podrá decir que Bachelet no ha reconocido algunas concesiones hechas por el Ejecutivo pero acota que el organismo al que representa está lejos de esta satisfecho con los resultados.

En su intervención ante la primera sesión anual del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra recordó que el comité de coordinación entre ambas partes he recogido más de 130 casos de presuntas violaciones de los derechos humanos contra personas detenidas.

Las agencias internacionales de noticias como la española Efe rebotaron esta frase de la Alta Comisionada. “Tomo nota de la excarcelación de 14 personas en enero y reitero mi llamado a liberar incondicionalmente a todas las personas detenidas por motivos políticos».

La delegación de Maduro replicó que «no existen personas detenidas por motivos políticos». Mantuvo su posición sobre las dudas que tienen de la objetividad de los informes de la oficina dirigida por Bachelet y sostuvieron que esos 130 casos a los que hace referencia Bachelet «ya han sido oportunamente atendidos».

«El personal de la alta comisionada ha podido constatar que la situación de los derechos humanos en Venezuela dista del panorama que dibuja un grupo de gobiernos en este Consejo para rendir pleitesía a su amo en Norteamérica», Dijeron los representantes de Venezuela en el foro.

El reclamo

Bachelet y su equipo se han nutrido de información de Organizaciones No Gubernamentales como Provea que ha señalado que en los primeros nueves de 2019 se denunciaron 34 casos de torturas que que incluían a más de 500 víctimas identificadas

Los datos surgieron de los registros de la prensa y recopilación de denuncias recibidas por esta organización entre enero y septiembre del año pasado.

“Esta cifra representa un aumento de 508,25% en el número de víctimas contabilizadas respecto a los 12 meses del año 2018”, lo que se dibuja como la cifra más alta registrada por Provea en 31 años de monitoreo”, señalaron los voceros de esta ONG.

Esa es apenas un botón de la muestra y se hace importante recordar lo que reclamo la Alta Comisionada desde Marzo pasado.

En esa ocasión la apertura fue: “Estoy profundamente preocupada por la magnitud y la gravedad del impacto de la crisis actual en los derechos humanos, que también es un factor desestabilizador preocupante en la región”.

  
Más delante indicó que el disfrute de los derechos económicos y sociales seguía deteriorándose al compararse con 2018, “cuando publicamos por última vez un informe sobre Venezuela”.

Llamó la atención sobre la atención a los sectores vulnerables entre los que incluyó a los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos y los pueblos indígenas.

“Las condiciones de vida extremas obligaron a un número significativo del pueblo indígena warao a cruzar la frontera hacia Brasil en busca de alimentos, atención médica y otros servicios básicos. El alcance y la gravedad de la crisis en los alimentos, la atención de la salud y los servicios básicos no han sido plenamente reconocidos por las autoridades, por lo que las medidas que han adoptado han sido insuficientes”, cuestionó Bachelet.

Otro de los reclamos hechos y que aun se mantiene se refiere al estado de los servicios y llamó la atención sobre el acceso de las personas a los alimentos, el agua y los medicamentos, que fue agravado por el mega apagón y sus consecuencias después del 7 de marzo.

“La escasez de agua, la escasez de gas natural y el colapso del transporte público también continúan afectando a muchas personas y, junto con la hiperinflación, generan condiciones económicas extremas que han provocado miles de protestas sociales”, sentenciaba Bachelet.

Así pues insistió en los problemas de la atención de la salud, carente de insumos en centros de atención.

Hizo a alusión a que “más de 1 millón de niños ya no asisten a la escuela, principalmente debido al hecho de que los padres no pueden alimentar a sus hijos con el desayuno, el fracaso de los programas de alimentación de las escuelas y la falta de transporte público asequible, así como la ausencia de docentes y profesionales afines, muchos de los cuales han salido del país”.

Esto fue cuestionamiento muy rudo para un Gobierno que sostiene que está alineado con la defensa de los valores socialistas en el entendido de velar por hacer equitativa la atención y el reparto de la riqueza del país.

En lo político

Bachelet insiste en la preocupación por la reducción del espacio democrático, y mantiene hasta ahora su crítica a lo que denomina “criminalización continua de la protesta pacífica y la disidencia”.

Asimismo mantiene su llamado de atención sobre el tema de de posibles ejecuciones extrajudiciales por parte de los organismos de seguridad alertó sobre las actuaciones de las FAES.

E su informe aseguró que en 2018 “mataron al menos a 205 personas. Según informes, otras 37 fueron asesinadas en enero de 2019 en Caracas. Parece que algunos de estos asesinatos han seguido un patrón similar. Se llevan a cabo durante los allanamientos ilegales a las casas realizados por la FAES, que posteriormente informan de la muerte como resultado de un enfrentamiento armado, aunque los testigos informan que las víctimas estaban desarmadas”.

Alineado con este reclamo hizo énfasis en la presión sobre la libertad de expresión y de prensa en en el país.

Mostró su preocupación sobre el uso arbitrario de la ley contra el odio, adoptada en noviembre de 2017, para procesar a comunicadores sociales, líderes de la oposición y cualquier persona que exprese opiniones disidentes.

Esta situación que retrató la llevó al tema de la diáspora.

“Como resultado directo de esta profunda crisis de derechos humanos, más de 3 millones de personas han huido de Venezuela en busca de alimentos, atención médica, trabajo y protección. Muchos se van en salud precaria y con pocos o ningún recurso financiero; sus dificultades se ven agravadas por las antiguas prácticas de extorsión y apropiación por parte de algunos guardias fronterizos. Los venezolanos también enfrentan enormes obstáculos para obtener documentación que facilite la migración regular y el acceso a la educación o al trabajo en otros países”, sentenció en marzo de 2019.

La oficina de Bachelet mantiene el cuestionamiento a Maduro y también sostiene la posición de que la salida a esta situación pasa un acuerdo común sobre una solución política por parte de todas las partes interesadas, con acciones para mejorar una amplia gama de cuestiones urgentes de derechos humanos.

Según Bachelet el Gobierno de Maduro sigue en mora con los Derechos Humanos y con los reclamos hechos por su oficina ya que hasta ahora las respuestas no están a la altura de la crisis que enfrenta Venezuela.